(Por una nueva Ley de Financiación de Partidos.)
En realidad no pretendo haber inventado la pólvora. Si nos fijamos un poco veremos que la única cesión efectiva de poder de gobernantes a gobernados: las elecciones cada cierto tiempo, marcan la diferencia entre democracia y dictadura. Obtenerlas costó ríos de sangre y todavía los exigirán donde se quieran implantar. La resistencia del poder a redistribuirse es instintiva e irracional, porque nunca se siente ni se sentirá seguro. Por eso precisamente hay que distribuirlo.
Cualesquiera de las medidas que iré proponiendo implicarán un cambio significativo del Sistema Político actual, lo que de paso, impedirá que puedan ser usurpadas por los partidos clásicos, como ha sucedido con el debate de la Lengua -nuestro único capital político exclusivo en las pasadas autonómicas- porque de aplicarlas, sencillamente se autodestruirían en su actual concepción. Tendrían que reinventarse, adaptarse o morir. C’s, con su ligera estructura puede crecer con nuevas propuestas hacia una manera realmente diferente de hacer política y dejar de funcionar, como hasta ahora, como un aburridísimo calco de los grandes partidos, cuyos vicios repite. Eso convertirá ese defecto -su pequeño tamaño- en virtud, y la dimensión mastodóntica de los grandes partidos en su talón de Aquiles. En el nuevo terreno que C’s debe abonar, los dinosaurios desaparecerán para que una estructura más ágil, ligera y en contacto con la Sociedad ocupe su lugar. ¿O qué es lo que quiere C’s? ¿Qué los partidos grandes le dejen sitio por su cara bonita?
Entremos en materia: en el mundo real, cualquier ciudadano valora un servicio recibido antes de pagar la factura. ¿Por qué no sucede así en la política? Se da la paradoja de que los ciudadanos aceptamos pagar, sin rechistar, por un servicio (la gestión y administración de nuestros asuntos) que no siempre es de nuestro agrado o que incluso, puede haber sido mal ejecutado o con desidia. Por ejemplo el artificial problema del agua, que no es un problema del agua (todavía), sino de su gestión ineficaz y partidaria. Esta falta de espíritu crítico en el retorno de servicios es algo totalmente anormal en la vida real. Sin embargo, de su contribución a las arcas del Estado, la clase política se asigna sueldos y otros beneficios sin someterse siquiera a la aprobación ciudadana; forzándola a una especie de afiliación obligatoria a la clase política en general. Asimismo, son los partidos quienes se asignan el dinero a percibir (su financiación) con el mismo nulo control. Eso sí, sólo los que tienen representación en alguna cámara, porque es en cada una de las cámaras donde se decide el reparto.
Si lo pensamos un minuto, ¿tiene sentido esta situación? ¡Un proveedor que fija sus honorarios a su único criterio y que exige el pago íntegro del importe antes de prestar el servicio! A cambio, el ciudadano puede opinar -sólo opinar- indirectamente, con un voto, una vez cada cuatro años. Si tuviera entre manos un negocio, con un profesional, en el que se interesasen cosas tan importantes para su vida como la educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones o la seguridad ¿toleraría ese nivel de control? ¿O simplemente se reiría de la pretensión mientras mira a quien le hace la oferta como si estuviera loco de atar? Sin embargo eso es lo que sucede en política y es lo que consideramos normal porque pensamos que se trata de un trabajo especial. Ésa es la idea mística, en definitiva el prejuicio, en que se basa la Teopolítica. Mientras no veamos esta función como cualquier otra profesión, sujeta a un marco de derechos y deberes, y a un sistema de control específico, seguiremos aceptando cosas que en nuestra vida normal nos sublevarían, porque en la vida real, es el ciudadano el que tiene la última palabra sobre el consumo, y cuando no es así, por la razón que sea, es que estamos frente a un monopolio del que todos sabemos, políticos inclusive, que debemos protegernos mediante leyes específicas o padecer sus abusos.
¿No hay manera de cambiar esta situación y reequilibrarla en beneficio del ciudadano?. La iniciativa 5x1 pretende ser un paso en esa dirección. Sin cambios constitucionales y a un coste irrisorio. Veamos en qué consiste.
En la actualidad, y de manera sencilla, sería posible multiplicar por cinco las ocasiones en las que el ciudadano podría controlar el servicio público recibido e ir incluso más allá: valorar la factura y decidir a quién se la paga. ¿Cómo? Instaurando el VOTO ECONÓMICO.
Imaginemos que cada año, el ciudadano que lo desea pueda asignar a los partidos políticos su cuota de voto. Ésta equivale al coste institucional anual de todos los partidos, dividido por el censo electoral. Es decir, lo que le cuesta a cada votante de derecho (todo incluido, donaciones a parte) la financiación anual de los partidos. Supongamos, por poner una cifra, que son 30 euros por cada voto y año. (Eso nos daría unos 1000 millones de euros por año). La iniciativa 5x1 consiste en que cada ciudadano, si lo desea, asigne la cuota de voto mediante procedimiento telemático (internet y firma digital) o manual (formulario con código de barras, por ejemplo) al partido que prefiera o a “asuntos sociales”. Podría incluso repartir su cuota porcentualmente entre dos o más casillas con total libertad. La operación podría hacerse desde casa, entidades bancarias o edificios institucionales, y a lo largo de todo un mes para más facilidad. De este modo el ciudadano decide si paga, o no, a los políticos (para eso dispone de la opción “asuntos sociales”), y a qué partidos. En la lista deberían estar TODOS LOS PARTIDOS legalmente constituidos, no sólo los que tienen representación. Porque si 50 personas han votado a un partido marginal, lo único legítimo es que esos 50x30= 1500 euros vayan a él, en lugar de a otros partidos mayores. Ésa es la voluntad de esos ciudadanos. Voluntad que se puede y se debe cumplir. ¡Eso es servir!
El ciudadano, obviamente, podría abstenerse y no asignar su cuota. Toda medida moderna debe ser optativa, como tomar o no el tren, aunque tenerlo no se discute. En este caso, la partida de los abstencionistas puede tener dos destinos:
1.- Opción blanda: Se reparte entre los partidos (con y sin representación) según su porcentaje de votos obtenidos en el último escrutinio. Sería ésta una medida mala e injusta. Un paño caliente para incompetentes, y sólo debería ser aplicable, una legislatura máximo, como transición de sistemas. Después la ley del mercado político habría de mandar.
2.- Opción dura y realista: La partida quedaría a disposición de los Presupuestos Generales del Estado para ser destinada a los problemas reales de la gente, que es la única justificación de los impuestos. Esta medida sería un fortísimo acicate para que los políticos lucharan contra la abstención, motivando a participar a los ciudadanos (clientes) con sus servicios, como lo hace cualquier profesional en la vida real. ¡Ya está bien de trato especial! Y no teman que no les paguen. ¡La gente paga los buenos servicios! Sabe que si no, no tendrá después buenos servidores.
Resumiendo, el ciudadano dispondría de cinco formas de control donde antes sólo tenía una: Las cuatro asignaciones de cuota de voto de la legislatura y la misma votación de la que dispone en la actualidad (Elecciones). Cada año y sin necesidad de costosos procesos electorales, podría enviar un mensaje claro y efectivo de su grado de satisfacción ante el trabajo de sus gobernantes. Habría total transparencia en el coste de financiación de los partidos, lo cual redundaría en ahorro y eficacia. Se daría a cada partido, grande o pequeño, con representación o sin ella, el respaldo económico que realmente los ciudadanos desean concederle, y todo ello sin necesidad de cambiar de partido ni de dirigentes. El dinero asignado a cada partido se podría distribuir territorialmente según el número de votos, acabando así con el centralismo económico actual de sus gestoras, base de su estructura piramidal y autoritaria. Los representantes se interesarían por motivar el voto, indagando sobre los intereses y necesidades del ciudadano; y resolviéndolos, ya que de su eficacia dependería su financiación. Se concedería a la ciudadanía una herramienta de poder efectivo sobre sus gobernantes (no serán representantes hasta que no haya un mecanismo de escucha eficiente, y en línea, de la voluntad ciudadana); en definitiva un instrumento real de poder. ¡Producto nuevo!
Finalmente, un sistema de financiación como éste, obraría como reforzador de la democracia: si votar o no votar, es la diferencia entre democracia y dictadura, pagar o no pagar es la diferencia entre eficacia e incompetencia.
Juan José Ibáñez
C’s de Sant Cugat
Endavant ciutadans!
P.D. Si C’s, como dice en su propaganda electoral, quiere regenerar y cambiar la manera de hacer política, debe empezar por funcionar de manera diferente a los demás partidos. Debe practicar en sí mismo el modelo que pretende aplicar a la Sociedad en el caso de que alcanzase el poder. ¿Cuál es esa diferencia actualmente?
Pretender un Congreso extraordinario para cambiar unas personas por otras es absurdo y sólo sangrará y dividirá más el Partido. Lo que hay que cambiar es unas formas de actuar por otras, porque las personas somos necesarias todas. Si se produjera algún cambio de personas, habría de ser porque alguien ha encontrado una manera diferente y más eficaz de hacer política que la Asamblea ha valorado como tal. Entraría en juego la competencia de ideas, no de personas. Es algo esencialmente distinto que convendría saber diferenciar. ¡Quien personaliza se equivoca! Primero PROYECTOS FUNCIONALES (no orgánicos u organigramas). Después, si los hay, Congreso de debate de proyectos. Si ganan los proyectos, ganamos todos. Si gana un equipo, perdemos todos, incluido ese equipo, supuesto ganador.
Y a mis amables comentaristas: -¡Rendirse es la última opción! Y sólo cuando se ha hecho todo lo que uno podía hacer. Lo que hacía necesario a C’s sigue ahí.